El costo invisible del presupuesto 2027 en Chile: ¿qué pasa cuando nuestro planeta deja de ser prioridad?

Durante muchos años Chile ha sido un ejemplo a seguir en cuanto a cuidado del medio ambiente, especialmente en América Latina, liderando la transición a energías más limpias y las conversaciones sobre descarbonización.

Pero el reciente proyecto de la Ley de Presupuestos 2027, que se presentó ante el Congreso, ha puesto en marcha las alarmas en los ámbitos social, académico y ambiental.

La razón es que la propuesta fiscal reajustes severos en programas técnicos clave para enfrentar la crisis climática y la contaminación urbana.

Este escenario plantea una pregunta urgente que va más allá de las fronteras chilenas y también se escucha en toda América Latina: ¿se puede seguir con el liderazgo ambiental cuando el dinero para la acción climática disminuye? ¿Qué consecuencias tiene esto?

Menos fondos para el clima y la calidad del aire urbano

Si analizamos el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente a primera vista parece beneficioso porque hay más dinero para el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Pero cuando revisamos en detalle, el impacto es muy fuerte.

Por ejemplo, los fondos asignados a la gestión de Cambio Climático y los compromisos de las metas NDC se reducen un 59,1%, pasando de $717 millones a solo $293 millones.

Y todo empeora cuando hablamos del sur de Chile.

El programa de Calefacción Sustentable, que ayuda a miles de familias a cambiar sus estufas de leña por sistemas limpios, sufre un recorte del 53%. Esto destruye los avances de los Planes de Descontaminación Ambiental y deja a barrios enteros respirando humo.

Además, el Fondo de Protección Ambiental, que financia proyectos vecinales para cuidar ríos o plazas, pierde casi un 30% de sus recursos.

La trampa de los marcos legales sin financiamiento continuo

A nivel normativo, Chile cuenta con la Ley Marco de Cambio Climático (Ley N° 21.455). Esta ley establece como objetivo alcanzar la neutralidad de carbono antes del año 2050.

Asimismo, el país se adhirió al Acuerdo de Escazú para garantizar la transparencia, participación pública y defensa de la justicia ambiental en la región.

Pero hay un problema importante. Cuando el presupuesto no asigna dinero real para cumplir con esos acuerdos, o reducir la supervisión en el terreno, se genera un problema grave.

En esas situaciones, las leyes pueden terminar siendo solo palabras escritas en papel. No tienen fuerza real.

La lección que se puede aprender de esto es muy clara: es peligroso establecer metas muy ambiciosas sin asegurar que haya dinero suficiente para cumplirlas. Sin ese apoyo, el Estado no puede defender a su población como debe.

Un llamado a reflexionar sobre las prioridades de desarrollo en Latam

Toda esta preocupación entre científicos, comunidades y ambientalistas no es a una pelea política del momento.

Es una discusión mucho más profunda sobre qué tipo de desarrollo queremos.

Cuando se trata de reducir gastos públicos, la acción ambiental suele verse como un gasto que se puede recortar, como si fuera de menor importancia. Pero en realidad, debería considerarse una inversión necesaria para evitar que el sistema colapse.

Frente a sequías que no terminan, incendios que devoran bosques y días de emergencia ambiental cada vez más frecuentes, la verdadera pregunta no es cuánto cuesta al gobierno financiar programas ecológicos. La pregunta es ¿cuánto vamos a pagar como sociedad si no actuamos a tiempo?.

Ahora, el debate se traslada a la Subcomisión Mixta de Presupuestos del Congreso. Allí se intentará detener este retroceso antes de que las decisiones finales estén selladas.

Si queremos leyes y promesas ambientales que realmente cambien la vida de la gente en nuestras ciudades y barrios, el compromiso de los Estados tiene que verse reflejado de forma transparente en el presupuesto. Al final, no se trata solo de cuidar la naturaleza, sino de cuidar nuestro propio futuro.

Fuentes:

Para consultar y verificar de manera directa los datos y normativas citadas en este artículo:

• Dirección de Presupuestos de Chile (DIPRES): Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 — Documentación Oficial y Partidas Presupuestarias. Repositorio institucional con el desglose de asignaciones del Ministerio del Medio Ambiente (Partida 25) y organismos dependientes. dipres.gob.cl/597/w3-multipropertyvalues-15168-38403.html

• Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN): Ley N° 21.455 — Ley Marco de Cambio Climático. Texto legal que mandata la carbono neutralidad al 2050. bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1177286

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). cepal.org/es/acuerdodeescazu

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): Portal de Registro de Compromisos Climáticos (NDCs). unfccc.int/es